La consejera establece como bases de su cartera «el equilibrio entre la conservación y la protección de los espacios naturales con el aprovechamiento económico, pero sin pasar líneas rojas». Para Serrano, el «paradigma» de esta política es la postura de la Junta con respecto a la finca La Almoraima, situada en gran parte dentro del Parque Natural de Los Alcornocales y que el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente planea poner en venta. «La Almoraima es la Capilla Sixtina de Los Alcornocales. Venderla sería como deshacerse de un Picasso o un Murillo. Tenemos que conservar nuestro patrimonio natural», ha señalado la consejera, que cree que con la nueva protección establecida por la Junta se evitará a toda costa la especulación con la finca.

Este es un ejemplo de la «tolerancia cero con la especulación» que propugna la Consejería y en la que basará también el modelo construcción sostenible propuesto por Susana Díaz. Precisamente, también es la que fomenta el Plan del Corredor Litoral, que tratará de «corregir» los excesos urbanísticos en la costa y gracias al cual se han recibido ya «más de 900 escritos y más de 4.000 alegaciones» de particulares, ayuntamientos y empresarios: «la colaboración para proteger la costa de los excesos de épocas pasadas es fundamental». En este punto, Serrano ha aprovechado para insistir en la posición de la Junta sobre el hotel del Algarrobico. Una vez que la sentencia sobre la nulidad de la licencia sea confirmada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), se procederá a la «demolición del complejo hotelero» y se pondrá en marcha un «plan de empleo para regenerar la zona del Parque Natural Cabo de Gata en la que se levanta», dos cuestiones para las que espera contar con la ayuda prometida por Arias Cañete.

La titular de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio ha apuntado también que están ultimando el reglamento de la Ley Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), que será aprobado a lo largo de febrero y que «se adaptará a los nuevos tiempos» y otorgará mas protagonismo a los ayuntamientos en sus planeamientos urbanísticos sin dar lugar a las «interpretaciones permisivas» que se hacían del Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA). El nuevo reglamento tendrá como una de las principales novedades la creación de Comisiones Provinciales de Coordinación Urbanística  -órganos cuyas puertas no ha cerrado a la participación de empresarios- a través de las cuales se agilizarán los trámites y la Junta supervisará las planificaciones municipales.

Por otro lado, la consejera ha hablado de la necesidad de impulsar la colaboración con el sector privado para proyectos que generen un desarrolo sostenible y que creen de empleos, un modelo al que se ha referido como de «economía verde». Se facilitará a los empresarios locales el acceso a la gestión de los principales equipamientos de uso público con el fin de impulsar el «ecoturismo» y optimizar dichas instalaciones como negocios. «Lo público debe seguir siendo público, pero sin renunciar a la colaboración pública-privada», ha sentenciado.