Coloquio

Ante una audiencia de unas 250 personas entre los que se encontraban los siete alcaldes y en la que estuvo representada la práctica totalidad de los partidos políticos, los sindicatos y los empresarios de las siete poblaciones del Campo de Gibraltar -que en tres ocasiones interrumpió con aplausos al ministro- García-Margallo diseccionó en un discurso didáctico la historia del contencioso desde la ocupación del Peñón en 1704. A continuación dibujó el panorama que quedará en la zona cuando se culmine la salida de Reino Unido de la Unión Europea -en la que arrastrará a la Roca- y concluyó detallando la única solución al problema que, hasta la fecha, se ha hecho pública: la cosoberanía.

«Es un problema central, porque no estamos hablando de un tema que vayamos a resolver dentro de dos años, que es el plazo previsto para las negociaciones entre la UE y Reino Unido. Lo vamos a tener que resolver en marzo o en abril del año que viene, por eso la urgencia de escuchar a todos». «El artículo 50 del Tratado de la Unión Europea, lo que dice es que en el mismo momento de que el Reino Unido notifique su decisión de abandonar la UE empieza un periodo de dos años en el que hay que cerrar el calendario de divorcio teniendo en cuenta las relaciones futuras. Si ese plazo se agotara, o bien los tratados dejan de aplicarse automáticamente o bien se podría prorrogar por un periodo indeterminado siempre que hubiese unanimidad», continuó. «Esto quiere decir que España tiene la posibilidad de bloquear o vetar cualquier decisión que no se conforme a sus intereses», apostilló.

Así que García-Margallo entiende que la negociación debe emprenderse «cuanto antes, mejor». «Si hay algo, y los empresarios lo saben bien, que asuste al dinero es la incertidumbre y la inseguridad jurídica. Cuanto antes despejemos la incógnita de si Gibraltar va a seguir formando parte de la Unión Europea, mejor. Ya se han detenido algunas inversiones exteriores», dijo, en referencia a dos operaciones de bunkering.

«Partamos de una premisa: nada será igual después del Brexit«, sostuvo el ministro, que entiende que en la etapa que se abre las partes «van a necesitar mucho de lo que se puso en la transición, consenso, una mezcla de capacidad de ponerse en el lugar del otro, dialogar y escuchar».

La propuesta de García-Margallo contempla permitir que Gibraltar siga beneficiándose de los tratados comuitarios y se basa en el documento primario: el de Utrecht. Por él, recalcó el ministro, España sólo cedió la ciudad, el castillo, su puerto, sus defensas y fortalezas, es decir, no el istmo (donde está el aeropuerto), ni las aguas territoriales o el espacio áereo. En consecuencia, España expresó las reservas oportunas, por ejemplo, cuando se firmó la Convención sobre el Derecho del Mar en 1982.

Margallo recordó el proceso bilateral impulsado en 2002 por Tony Blair y José María Aznar, que exploraron la fórmula de la cosoberanía y se encontraron con problemas. Primero que Reino Unido quería someter el acuerdo a un referéndum en Gibraltar, lo que España no aceptó. Segundo, las dificultades que planteó la base militar y tercero, la falta de consenso en la duración del acuerdo.

El ministro relató cómo rechazó el Foro Tripartito de 2004 porque comprendía tres países «con la misma condición» y eso generaba una «situación inaceptable» y propuso uno cuatripartito -aceptado, recordó, por Reino Unido en abril de 2012, aunque las autoridades de Gibraltar no asistieron- en el que participaran la Junta y la Mancomunidad. «O dos banderas, o cuatro banderas», resumió.

«Es perfectamente absurdo pretender que Gibraltar siga formando parte de la Unión Europea una vez que la haya abandonado el Reino Unido, porque no tendría sentido que una colonia de un país ajeno a la UE siguiera formando parte de la misma», sentenció.

En respuesta al desafío lanzado en más de una ocasión por el Gobierno de Gibraltar, que reta a España a presentar sus reclamaciones ante la justicia europea, García-Margallo manifestó que ya existe jurisprudencia en este sentido. La legislación comunitaria «dice que los tratados de la Unión Europea se aplican a Gibraltar en cuanto a que un estado miembro asume sus relaciones exteriores». Por lo que, a juicio del ministro, queda claro que el Peñón es una colonia británica, que no forma parte de Reino Unido y que no tiene alternativa a la cosoberanía.

«El plan B es que Gibraltar seguirá siendo británico pero fuera de la Unión, será territorio de un tercero y, por lo tanto, España ejercerá los controles fronterizos que se le exigen como miembro de la UE. Gibraltar quedaría fuera del acceso al mercado interior y no lo tendría a las políticas europeas. Sería un territorio ajeno a la UE» y eso, repitió el ministro, va en contra de los intereses de los gibraltareños y de los campogibraltareños.

Por último lanzó lo que puede entenderse como un mensaje al PSOE: «Nada de esto será posible si la sociedad española no hace suyo el proyecto de recuperar el Peñón para hacer un gibraltar más próspero, unos trabajadores españoles mejor retribuidos y un Campo de Gibraltar más rico».